En el 2000, en los Países Bajos hubo un caso famoso de un periodista, Koen Voskuil, que fue sentenciado a un mes de cárcel por no revelar su fuente de información: por un policía anónimo, Voskuil informó sobre un operativo ilegal de la Policía para atrapar a un narco. De probarse esta denuncia, la Policía podría ser sancionada y el caso contra el narco corría peligro.
Si bien en 1996 se aprobó la protección de las fuentes para los periodistas (ya estaba contemplada para médicos y abogados), solo hasta hace un par de años el parlamento logró el texto final. Influyó en parte también que Voskuil demandó al Estado por la vulneración de sus derechos como periodista y el Tribunal Europeo falló a su favor. En resumen, la ley protege el derecho profesional del periodista a no revelar sus fuentes (lo ampara el secreto profesional), salvo en dos casos excepcionales: está en juego la seguridad nacional o la de personas en particular.
En el caso de Voskuil, el juez sentenció que su negación a revelar su fuente ponía en cuestión la integridad de la Policía, su reputación, y arriesgaba la pérdida de confianza de la población en ella. Voskuil se sostuvo en su posición por razones éticas, se le sentenció y el caso se archivó sin mácula para la Policía. Cumplió 18 días de cárcel.
Este caso me vino a la memoria por los argumentos del juez: la sociedad no puede tener motivos para poner en duda la integridad de sus organismos de seguridad. En efecto, como locombiano, este argumento es a todas luces una utopía para Colombia, no puedo ocultar una triste carcajada irónica.
Después de la violación de la niña embera, el Comandante General del Ejército, general Eduardo Zapateiro, reveló que el Ejército investiga 118 casos de abuso sexual de menores. Para dorar la píldora dijo que eran investigaciones que se realizan desde 2016, como insinuando que son casos novedosos, pero a la vez dejando un largo manto de duda sobre el pasado. (Sigue leyendo »»)