Igual que a los bancos se les hacen pruebas de resistencia, la covid-19 ha puesto a prueba a las sociedades y Estados en todo el mundo, pero no con pruebas simuladas sino en tiempo real. En el caso colombiano, la plutocracia vestida de democracia ha quedado al desnudo. Uno de los pilares del Estado moderno es tener control sobre todo su territorio: en Colombia esto jamás ha sucedido, pero más grave aún, no tiene ni idea de quiénes o cuántos son los ciudadanos que la habitan. Estos principios de la ciencia política sobre qué es el Estado deberían incluir uno nuevo, amparado por los avances tecnológicos: tener censada a toda su población. Es decir, un Estado debería saber quiénes son sus ciudadanos, dónde están, dónde viven.

La tecnología está disponible y cada año abarata sus costos. ¿Pero podría hacerlo el Estado colombiano? La covid ha demostrado que no es por una cuestión de falta de recursos sino porque no le interesa. Los ministros de Hacienda y Economía sencillamente han asumido que no hay cama para tanta gente y hay que aprender a vivir con más de medio país excluido del aparato estatal. Ese medio país es una cifra aleatoria que baso en el tamaño que se estima que tiene la economía informal. En este contexto, el tamaño importa y el Estado colombiano no sale bien parado…

Es una tentación muy grande lanzar la hipótesis de que existe una correlación estrecha entre este porcentaje de economía sumergida con la abstención política en el país. Cuando participé en los años noventa en un proyecto social en los barrios La Flora y La Esperanza, barrios en plena transición de su estatus de invasión a integrados al municipio de Juan Rey, al margen de las dificultades económicas de sus residentes, lo más sorprendente es que eran ciudadanos que no le interesaban al Estado (la misma Policía se negaba a ir a patrullarlos porque los consideraban zona roja) sino que además ellos mismos no tenían ni idea de lo que es ser un ciudadano, sus derechos o deberes como tales. Nunca le he dado tanto la razón a Borges como en esos barrios: «Ser colombiano es un acto de fe», es un sentimiento que nace de la pertenencia al sitio donde se nace pero sin saber muy quién qué significa. Quizás por esto haya tantas respuestas a la pregunta de qué es ser colombiano.

Tenemos entonces un Estado al que no le interesa crecer, en el sentido de asumir sus responsabilidades a plenitud con toda la población, no con esa minoría que participa de la economía formal y podrá soñar algún día con su pensión. No sé si era para reír o llorar cuando la alcaldesa de Bogotá quiso ir a donar mercados al Sur y exclamó sorprendida que no sabía cuántos eran o (peor) dónde estaban. Asumir esa responsabilidad sería una de las claves para acabar con la plutocracia, romper con los monopolios que benefician a una minoría.

No planteo una revolución comunista o socialista: sencillamente importar los modelos económicos de Europa o hasta de Estados Unidos, donde las leyes antimonopolio son estrictas y, por ejemplo, el dueño del sistema financiero no puede vampirizar a los colombianos que usan sus servicios con el 4×1000. En una plutocracia es imposible acabar con esta sanguijuela: con el 0.001% de su patrimonio puede financiar la campaña política de cualquier partido político; de hecho, en Colombia financia a casi todos. En otras palabras: necesitamos más capitalismo, pero no del salvaje que tenemos ahora.

Lamentablemente es una crónica utópica más: la plutocracia avanza rampante. Con la toma de la revista Semana por el grupo Gilinksi, uno de los cinco cacaos dueños del país, los principales medios de comunicación les pertenecen. Es decir, son soberanos en decidir la agenda del país; determinan líneas editoriales, qué es lo que importa saber, qué es lo que interesa, qué es lo que se debe ocultar, etc. En un país sano lo normal sería preguntarse cómo debemos prepararnos para la siguiente pandemia. Pero en Colombia los cacaos desde hace rato tienen la respuesta política: mientras ellos estén bien, los demás sálvese quien pueda.