Estudié Ciencia Política por varios motivos, entre ellos, la existencia de niños abandonados en las calles de Bogotá, la retoma brutal del Palacio de Justicia, la lectura de los Escritos Políticos de Hermann Hesse, que me llevaron entre otras a desarrollar mi primer síndrome de Don Quijote, a la lectura de Paideia y a sembrar los pilares de mi pensamiento utópico. Me gradué de la universidad sin haber tocado de lejos ninguno de estos temas, con una terrible angustia porque sentía que había un abismo entre la realidad estudiada en la universidad y la que vivíamos afuera. La palié un poco con mi monografía de grado, en la que hice un estudio del Estado colombiano desde otro ángulo, creo que más acertado pero que incluso hoy en día se queda corto, el propuesto por el profesor Fernán Gonzáles de País en construcción, que en realidad es una figura benévola para un Estado apropiado por la plutocracia nacional y sin interés alguno en crecer para cubrir a todos los colombianos. También investigué un poco la toma y retoma del Palacio, un estudio que también he ido actualizando con el tiempo y el descubrimiento de nuevos hechos.

Esta semana ha habido dos acontecimientos que me han confirmado que, en efecto, la Ciencia Política que estudié está muy desfasada con la realidad de Colombia: la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado colombiano por el genocidio sistemático de la Unión Patriótica durante 20 años y la de Camilo Tarquino, expresidente de la Corte Suprema de Justicia por ser miembro del Cartel de la Toga.

Ya como estudiante me causaba entre ira e indignación leer análisis politológicos que concluían que Colombia era un país que votaba centroderecha, cuando ya para entonces el genocidio de la Izquierda en el país era notable. ¿Cómo se pueden hacer esos análisis sin mencionar que no se puede ignorar que los candidatos y miembros de la Izquierda no pueden ser tenidos en cuenta porque han sido eliminados físicamente? Casi sin falta, la conclusión de esos análisis resaltaba también la estabilidad y larga duración de la democracia en Colombia, probablemente la más antigua de América Latina.

La sentencia por genocidio de la CIDH rompe absolutamente con esa leyenda de la democracia más antigua y estable de América Latina: no se puede llamar como tal a un sistema que durante 20 años exterminó a los miembros de la oposición política, sin mencionar que desde entonces tampoco ha cesado la aniquilación de líderes políticos casi que a diario todavía. Si acaso cabe hablar de democracia restringida, esa fachada en la que parece que hay una democracia formal (rotación en las instituciones de poder, elecciones, transición de gobierno, etc) pero limitada a los actores que tienen el beneplácito del sistema dominante. Todas aquellas fuerzas que no son aprobadas por el sistema inmediatamente pasan a ser clasificadas como brazos políticos de la guerrilla. Los sesudos análisis de los resultados electorales harían bien entonces en concluir que Colombia tiene la democracia más antigua para los partidos de centroderecha y que el análisis se limita a esos resultados.

El otro gran ausente en esos estudios es la abstención también histórica y estable en la historia de Colombia: ¿por qué más de la mitad de colombianos con capacidad de votar no lo hace? Mi hipótesis principal es por la exclusión: más de la mitad de la economía en Colombia es informal. Es decir, para la mayoría de los colombianos lo que diga el Estado la tiene sin cuidado: han aprendido a vivir sin ser parte de él. Lo único importante es que ofrezca los servicios básicos y puedan garantizar su mínima supervivencia. Se estima que solo 1 de cada 4 colombianos en edad de recibir pensión la tiene, precisamente por haber vivido toda su vida al margen del Estado. Esta es una realidad que sacó muy a flote la pandemia, un período de 2 o 3 años que merece una tesis hasta de doctorado: ¿funcionó el Estado colombiano durante esa crisis? ¿a quiénes sirvió?

Decía Rousseau en El contrato social (que se note un pelín el paso por la universidad), que eran las leyes y normas acordadas por la sociedad (el contrato) las que legitimaban a una autoridad soberana como el Estado para regir el destino colectivo y la búsqueda del bienestar de toda la comunidad y no solamente de la clase dominante o sus miembros privilegiados. Entonces, si ya el Estado colombiano incumplía este contrato social con el genocidio de la UP, la condena al expresidente de la Corte Suprema de Justicia colombiana, Camilo Tarquino, por ser miembro del Cartel de la Toga termina por desacreditar ese contrato: rompe con la confianza de los ciudadanos en la Justicia, ni más ni menos.

¿Cómo se llega al punto de que las personas que deben ser lo más excelso de la sociedad, los que tenían la mayor autoridad y reconocimiento de la sociedad colombiana, terminan formando un Cartel para recibir coimas por inclinar la balanza de la justicia a favor de quienes les pagan?

La pregonada separación de poderes de la democracia colombiana parecería entonces que tampoco existe: todo tiene precio y está al servicio de los poderosos.

Las facultades y departamentos de Ciencia Política del país tienen ahora una gran deuda con Colombia: no se pueden seguir negando estas realidades y es vital estudiar al país tal y como es, dejar de alimentar ficciones de democracia o seguir negando la realidad: esas son las condiciones fundamentales para la neurosis, creerse quien no se es y empecinarse en negar la realidad. Si aún a sabiendas de la realidad se insiste en no abordar los hechos o seguir perpetuando la ficción, no hay duda de la complicidad con el poder. Peor aún, es imposible imaginar o plantear una utopía mínimamente viable si se basa en la ficción sobre la que se sustenta el actual poder.